El VIII Foro de Protección de Datos de Salud nos ha dejado multitud de temas interesantes que pretendo ir desgranando en sucesivas entradas de este blog. Un ejemplo de ellos fue la mención, también en la intervención de Jesús Rubí, de los posibles problemas de supervisión y control que se dan o pueden darse en un mundo globalizado en el que se prestan servicios de salud a los ciudadanos españoles desde cualquier lugar del mundo.En concreto, se refirió a los nuevos servicios prestados por grandes multinacionales dirigidos a los ciudadanos individuales para, por ejemplo, custodiar todos sus datos clínicos y ponerlos a su disposición o a la de cualquier profesional sanitario elegido por él. El motivo de preocupación apuntado es que en los últimos tiempos se está poniendo de manifiesto que, cuando surge un problema y la Agencia Española de Protección de Datos ejerce sus poderes para salvaguardar los derechos de los ciudadanos, estas compañías niegan la competencia de las autoridades de control europeas para supervisarlas y controlarlas e intentan sustraerse a la misma.
En mi opinión, este es un problema real y preocupante pero intrínsecamente ligado a otro mucho más general: la carencia de un estándar de protección de datos universalmente aceptado y, sobre todo, de unos mecanismos sencillos y accesibles para que las personas que constaten la violación de sus derechos o se sientan perjudicadas por una actitud ilícita, negligente o irresponsable puedan obtener una rápida satisfacción de sus demandas, la reposición de sus derechos y, en su caso, el resarcimiento de los daños causados. Lo que nos lleva, desde el punto de vista práctico, a la necesidad de seguir trabajando para hacer llegar a los ciudadanos los posibles riesgos asociados a estos servicios (que, en muchos casos, se presentan de una forma sumamente atractiva e, incluso, como accesibles de forma gratuita) y la posible falta de recursos jurídicos que pueden sufrir las autoridades de protección de datos para defenderlos en el caso de que haya una utilización torticera de sus datos personales o, simplemente, un problema de seguridad que los haya comprometido.
Finalmente, no quiero acabar esta entrada sin hacer mención a otro aspecto esencial que se debatió en el Foro y que creo tiene la mayor importancia: la formación de los profesionales en sus obligaciones de protección de datos, ya que se puso de manifiesto que, en muchas ocasiones, se aborda desde una perspectiva errónea.
En efecto, los profesionales de la salud no necesitan ni tienen por qué ser expertos en protección de datos sino que han de concentrarse en su labor primaria: la atención a sus pacientes, la investigación o la docencia. Por lo tanto, han de tener una formación básica en esta materia y, luego, corresponde a los gestores de los sistemas de salud y centros sanitarios el proporcionarles las herramientas necesarias para facilitarles el cumplimiento de las obligaciones que contraen en el tratamiento de los datos personales de los pacientes y, para el caso en que tengan dudas o necesiten ayuda, definir a quién deben recurrir y establecer procedimientos claros y sencillos para acceder a estos servicios.
